"EL QUE NADA TIENE NADA TEME"

Coartan nuestros derechos ciudadanos porque el PPB sube en las encuestas, denuncian Manfred y Leopoldo

La justicia arraiga al candidato Manfred Reyes Villa y embarga el 50% de sus bienes
Los principales candidatos del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) tienen cuentas pendientes con la Justicia. La justicia ordinaria procesará a Leopoldo Fernández como supuesto autor intelectual de la masacre de Porvenir, mientras que Manfred Reyes Villa fue arraigado en un juicio por corrupción.
La jueza del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Mirtha Montaño dispuso el arraigo y el embargo del 50 por ciento de los bienes del candidato presidencial Reyes Villa, considerando los serios indicios de intención de fuga del ex prefecto.
La Asesoría General y la Secretaría Jurídica de la Prefectura de Cochabamba imputaron al candidato del PPB por haber ocasionado un daño económico al gobierno departamental por más 70 millones de bolivianos. La representante del Ministerio Público Ingrid Mercado imputó formalmente a Reyes Villa por las irregularidades cometidas en la ejecución del Proyecto de Mejoramiento del camino Vinto- Sacambaya.
En 2006, Reyes Villa licitó el proyecto para el mejoramiento del camino vecinal Vinto-Sacambaya, sin contar con un estudio a diseño final y vulnerando dos leyes expresas de 2004 y 2005. La vía fue presentada como una de sus obras estrella, junto con el ex prefecto de La Paz José Luis Paredes.
La investigación estableció que existen suficientes indicios contra Reyes Villa por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, al haberse aventurado a construir una carretera que era parte de la red fundamental y que debía construirse con dinero del Estado y a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
La Fiscal solicitó el arraigo porque existen elementos que hacen pensar que Reyes Villa planea salir del país, ya que estaría poniendo a buen recaudo sus bienes a fin de no cumplir ni honrar con el resarcimiento civil por el daño ocasionado.
Reyes Villa era propietario de tres departamentos en las Torres Soffer, pero estos bienes ya no aparecen en su patrimonio actual. El 1 de julio 2009, el acusado hipotecó una propiedad de 13 mil metros cuadrados en Quillacollo por 600 mil dólares a favor de Luis Esteban Prudencio Rodríguez, ex funcionario de la Prefectura y también candidato plurinominal por el PPB.
La Prefectura cochabambina recomendó tener presente el antecedente de las autoridades juzgadas en el caso de "octubre negro" que escaparon a Perú. Lo mismo puede ocurrir con Reyes Villa, que cuenta con el apoyo de las autoridades de Estados Unidos. Según los medios de comunicación, el candidato habría instalado un negocio de bienes inmuebles en el país del norte.
La Asesoría General de la Prefectura de Cochabamba aseguró que el objetivo del arraigo no es impedir que Rayes Villa haga campaña en el exterior, y recordó que el proceso penal en su contra se inició el 17 de abril, antes de que se postulara como candidato.
"El que nada tiene nada teme; (el gobierno) ve este crecimiento vertiginoso y entonces hace daño a Manfred Reyes Villa; nunca en la historia me pudieron probar nada malo, y hoy el afán es perjudicarme por construir la carretera a La Paz; les digo a los cochabambinos y paceños que como presidente igual vamos a terminar esa carretera", dijo Reyes Villa.
El candidato presidencial del PPB denunció que están coartando sus derechos como ciudadano y también el derecho a la libertad de expresión de su candidato a la vicepresidencia Leopoldo Fernández.
Días atrás fue sorteado el Tribunal Sexto de Sentencia Penal para juzgar a Fernández, acusado de ser el autor intelectual de la masacre de Porvenir. Luego se sortearán a los jueces ciudadanos que formarán parte del Tribunal de Sentencia del juicio oral que comenzarían el próximo año.
Fernández envió una carta al representante de la OEA pidiéndole que haga cumplir la determinación de la sala plena de la Corte Nacional Electoral (CNE), que dictaminó que se debe permitirle el uso de sus derechos como candidato habilitado.
El candidato del PPB denunció que el gobierno de Evo Morales le niega su derecho a hacer campaña desde la cárcel, pese a que la CNE emitió una resolución que indica que goza del derecho de libre de expresión con fines electorales y a realizar propaganda política.