Proceso de la descentralización y la Ley Marco de Autonomías

Opinión - La Prensa
AYER Y HOY
Descentralización y autonomías
Fernando Cajías de la Vega | Actualizado 09/04/2010

El discurso y la acción en torno al modo de Estado son de larga data en Bolivia. Desde la Fundación de la República hasta fines del siglo XX, los bolivianos optamos, a través de nuestros representantes, por ser un Estado unitario. Sin embargo, si bien el unitarismo fue la situación hegemónica, existieron muchas voces que plantearon el federalismo y, luego, la descentralización.
Los momentos más importantes para los federalistas fueron, en el siglo XIX, el Congreso de 1871, ocasión en la que voces tan autorizadas como la de Nataniel Aguirre plantearon la necesidad del federalismo, identificando al centralismo como la causa principal para engendrar dictadores como Melgarejo. El otro momento crucial fue el de la Guerra Federal, a fines del siglo XIX. El triunfo de paceños sobre chuquisaqueños, significó también el triunfo del federalismo contra el unitarismo. Sin embargo en el Congreso, convocado inmediatamente después de la guerra, el voto sobre federalismo o unitarismo salió empatado y el vicepresidente Pérez Velasco dirimió a favor del unitarismo.
El siguiente momento emblemático fue el Referéndum de 1931, cuando la población votó a favor de la descentralización, voto que fue ratificado por el Congreso, pero que el presidente Salamanca vetó por considerar la descentralización como peligrosa, más aún, en vísperas de la Guerra del Chaco.
Antes de la Revolución de 1952 los alcaldes eran elegidos por voto y algunos recursos provenientes de impuestos departamentales beneficiaban a los departamentos y alcaldías. En cambio, desde la Revolución de 1952 hasta la década de los 80, existió un profundo centralismo y todas las autoridades, incluyendo los alcaldes, fueron nombrados por los presidentes.
El primer logro en el proceso de la descentralización fue la elección de los alcaldes por voto del pueblo, la que fue reforzada con la Ley de Municipalidades y la Ley de Participación Popular. Hay que recordar que las regalías a los departamentos productores de petróleo fue importante para la descentralización de recursos.
Otro hecho en ese camino fue la coparticipación tributaria que determinaba el destino del 25% de los impuestos a las regiones dividida en 10% a los departamentos, 10% a la alcaldía mayor y 5% a las universidades. La Ley de Participación cambió la distribución otorgando el 20% a todos los municipios según su población y el 5% a las universidades. Esta medida fortaleció a los gobiernos municipales y debilitó a los departamentales. Pasaron varios años en los que, pese a muchos problemas, los gobiernos municipales se fueron consolidando, en cambio los departamentales retrocedían en iniciativas y obras propias, pese a la Ley de Descentralización. Por eso muchos nuevos liderazgos surgieron de las alcaldías y no de las prefecturas.
La primera década del siglo XXI reavivó la lucha de los departamentos por su descentralización, adquiriendo el nuevo nombre de autonomías. Luego de una lucha larga la Nueva Constitución define a Bolivia como un Estado unitario, descentralizado, con autonomías. Establece que en Bolivia existen las autonomías departamental, municipal, regional e indígena y en varios artículos describe las competencias de cada uno de los niveles.
El domingo 4 de abril se han elegido las autoridades para cada nivel. Ahora falta la Ley Marco de Autonomías, fundamental para clarificar la división de competencias. Esa ley tiene que garantizar la unidad nacional y, por tanto, fortalecer al gobierno central, pero, a la vez tiene que fortalecer a los departamentos y municipios. Ese difícil equilibrio de distribución de competencias y recursos está en manos de la Asamblea, pero es de esperar que sea producto de una amplia consulta que garantice un consenso y, por lo tanto, paz y prosperidad.

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